El juez federal Sebastián Casanello ordenó el bloqueo de cajas de seguridad de exfuncionarios y empresarios vinculados. Grabaciones también salpican a la hermana del presidente argentino.
Investigación judicial en marcha
La Justicia argentina profundiza la investigación sobre la presunta red de sobornos en la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que compromete a funcionarios cercanos al presidente Javier Milei.
El juez federal Sebastián Casanello dispuso el bloqueo de las cajas de seguridad de exfuncionarios y empresarios investigados, entre ellos Jonathan Kovalivker, dueño de una firma farmacéutica señalada como intermediaria para el desvío de fondos mediante sobreprecios.
El rol de los empresarios
Kovalivker, buscado desde la semana pasada, se presentó este lunes en tribunales y entregó su celular, aunque sin brindar la clave de acceso. También declaró Ariel de Vicentes, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de colaborar en la fuga del empresario.
Grabaciones que comprometen a Karina Milei
El caso se destapó tras la difusión de audios en los que el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, describe un esquema de recaudación ilegal. Según las grabaciones, la maniobra habría contado con el conocimiento del presidente Milei y la participación de su hermana, Karina Milei —actual secretaria general de la Presidencia—, además de Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional.
Tras el escándalo, el Gobierno anunció la destitución de Spagnuolo y la intervención de la Andis por parte del Ministerio de Salud.
Medidas cautelares y nuevas pericias
El juez Casanello ordenó también analizar los teléfonos incautados a Spagnuolo, a los hermanos Kovalivker y a Daniel Garbellini, exfuncionario de la Andis. Paralelamente, bloqueó las cajas de seguridad de los acusados para preservar posibles pruebas.
Denuncias contra Milei y su entorno
Por estos hechos, el presidente Javier Milei, su hermana Karina y “Lule” Menem fueron denunciados penalmente por presuntos delitos de cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
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