La Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch) advirtió con aplicar severas multas y castigos económicos en contra de dos comunidades afiliadas que se nieguen a sumarse o que decidan levantar las medidas de presión en las carreteras de la región.
Presión y coerción sindical en las provincias
En medio de la tensa situación política que vive el país, las dirigencias sindicales de los trabajadores campesinos de Chuquisaca han comenzado a radicalizar sus mecanismos de control interno. De acuerdo con las denuncias surgidas desde las bases, la organización departamental determinó establecer castigos económicos punitivos para obligar a cumplir los cercos en las rutas, prohibiendo cualquier postura de neutralidad.
Las amenazas de sanción se enfocan en las comunidades que muestren resistencia debido a los graves efectos del desabastecimiento:
- Multas monetarias directas: Se advirtió el cobro obligatorio de penalizaciones en efectivo por cada jornada de inasistencia o por abandonar de manera anticipada los puntos de bloqueo asignados en las carreteras interprovinciales.
- Aislamiento comunitario: Además de los castigos pecuniarios, los sectores radicales no descartan la aplicación de la «justicia comunitaria sindical», la cual contempla la restricción de beneficios institucionales e incluso la prohibición de comercializar productos agrícolas en los mercados zonales para quienes no acaten el instructivo.
Contexto de ebullición civil en Chuquisaca
Esta medida coercitiva ejercida por la Futpoch sale a la luz en un momento de fuerte polarización en el departamento. Recientemente, durante los festejos de la efeméride departamental del 25 de mayo, una multitudinaria marcha ciudadana se manifestó de forma pacífica pero contundente en las calles de Sucre para rechazar los bloqueos de carreteras y exigir el libre tránsito para el abastecimiento de combustibles, gas licuado de petróleo (GLP) y alimentos esenciales.
Frente al perjuicio generalizado que causan estas medidas, las amenazas sindicales dentro de las provincias buscan blindar y mantener activas las movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones campesinas, las cuales exigen demandas políticas directas contra la administración del presidente Rodrigo Paz.
Consecuencias legales del cerco
Las denuncias sobre sanciones obligatorias a comunarios independientes incrementan la preocupación de las plataformas de derechos humanos y del aparato productivo. Desde el ámbito legal, diversos analistas constitucionales advierten que el uso de amenazas y multas económicas para forzar la participación en movilizaciones callejeras vulnera de manera flagrante los derechos fundamentales a la libre asociación, la libertad de conciencia y el derecho constitucional al trabajo y a la libre transitabilidad en todo el territorio nacional.
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