Los analistas Germán “Chunka” Gutiérrez y Arturo “Zorro” Yáñez sostuvieron que los bloqueos de caminos en Bolivia ya constituyen delitos graves, incluso sin una ley específica antibloqueos o la declaratoria de estado de excepción. El análisis fue difundido en el contexto de la crisis social y los bloqueos que afectan principalmente a La Paz.
Bloqueos y crisis sin respuesta estatal
De acuerdo con los especialistas, la problemática actual no radica en la ausencia de normativa, sino en la falta de decisión del Ejecutivo para aplicar las leyes ya vigentes. Señalan que la Constitución Política del Estado otorga herramientas suficientes para intervenir ante situaciones de crisis, pero que estas no estarían siendo ejecutadas.
El debate sobre una posible ley antibloqueos resurgió en medio de la conflictividad, aunque el Gobierno ha planteado que la solución debe basarse en el diálogo antes que en nuevas normas.
Acusan delitos graves por impedir abastecimiento
Los analistas advierten que los bloqueos trascienden la protesta social y afectan derechos fundamentales como el acceso a alimentos y medicamentos. En ese marco, consideran que estas acciones podrían encuadrarse en delitos de extrema gravedad bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Asimismo, sostienen que la interrupción del abastecimiento coloca a la población en situación de vulnerabilidad y genera una crisis humanitaria en distintas regiones del país.
Críticas a la falta de control estatal
Gutiérrez y Yáñez también cuestionan la capacidad del Estado para prevenir y controlar los bloqueos, señalando debilidades en la actuación de instituciones como la Policía, la Fiscalía y las gobernaciones. Incluso advierten que la falta de ejecución de órdenes judiciales refleja una pérdida de control estatal en algunas zonas del país.
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