La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, quien se declaró en la clandestinidad el pasado viernes 22 de mayo a través de un video en redes sociales, luego de ser acusado de terrorismo e instigación pública a delinquir por impulsar un pacto político y bloqueos nacionales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Un giro radical hacia la confrontación política
Mario Argollo Mamani, quien asumió la conducción de la Central Obrera Boliviana (COB) el 10 de octubre de 2025 con un discurso de defensa laboral, se encuentra hoy en el centro de una profunda crisis política. En apenas siete meses de gestión, el dirigente minero de Huanuni pasó de la representación sindical a liderar una abierta confrontación contra el gobierno de Rodrigo Paz, un giro que lo ha llevado a la clandestinidad tras activarse mandamientos judiciales en su contra.
El pacto de El Alto y el cerco a la sede de Gobierno
La situación se radicalizó el pasado 11 de mayo en la ciudad de El Alto, donde Argollo firmó un acuerdo político formal con el dirigente campesino de los Ponchos Rojos, Vicente Salazar, y el senador suplente de Unidad, Nilton Condori. A este frente de presión se sumaron las movilizaciones lideradas por Evo Morales desde Caracollo, consolidando un cerco sobre la sede de Gobierno mediante bloqueos y protestas violentas que exigen explícitamente la renuncia del primer mandatario.
La estrategia de la movilización y las demandas sindicales
Este no es el primer pulso que el líder cobista sostiene con el Ejecutivo, ya que entre diciembre y enero pasados encabezó protestas que obligaron a retroceder parcialmente al Gobierno con el Decreto 5503. Desde el 1 de mayo, Argollo reactivó las medidas de presión bajo el argumento de que el oficialismo pretende privatizar recursos naturales y sectores estratégicos mediante un paquete de diez leyes; una narrativa que, según analistas, busca devolverle a la COB el protagonismo y la influencia política perdidos tras la caída del MAS.
Cuestionamientos internos y la respuesta desde el anonimato
A la par de la ofensiva jurídica, el dirigente minero enfrenta duras críticas por una presunta contradicción económica, debido a denuncias que señalan que percibe ingresos estatales superiores a los Bs 20.000 mensuales entre bonos y rentas de invalidez. Aunque Argollo ha rechazado estas cifras, se ha negado a transparentar sus ingresos reales, lo que ha desgastado su imagen ante sectores que cuestionan la legitimidad de hablar en nombre de los trabajadores afectados por la crisis económica.
El mensaje desde la clandestinidad
El último contacto público del ejecutivo se dio mediante un video difundido en redes sociales, donde se le observó vistiendo un casco minero y sin revelar su ubicación actual. En su intervención, el prófugo de la justicia aseguró que no ha abandonado el país ni se encuentra refugiado en el Chapare, limitándose a denunciar una supuesta persecución política y eludiendo de forma categórica las recientes convocatorias al diálogo planteadas por el Gobierno nacional.
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