La entrada de la marcha indígena de Pando y Beni a la Sede de Gobierno este lunes 4 de mayo estuvo marcada por un momento de tensión. La activista de Mujeres Creando, María Galindo, fue expulsada de la columna de manifestantes tras ser calificada como «discriminadora» por las bases movilizadas.
El incidente en el ingreso a La Paz
Al intentar sumarse a la movilización para manifestar su solidaridad, Galindo fue recibida con rechazo por los marchistas, quienes formaron un cordón humano para impedirle el paso.
- El motivo del conflicto: Los dirigentes y participantes de la marcha increparon a la activista, exigiendo que pida «disculpas de rodillas». Según los testimonios en el lugar, el malestar surge de acciones pasadas donde se le acusa de haber «cortado el tipoy» (vestimenta tradicional), lo cual fue interpretado como un acto de discriminación hacia la identidad indígena.
- La respuesta de Galindo: La activista intentó dialogar durante varios minutos, asegurando que su intención era apoyar la causa, pero finalmente tuvo que abandonar la columna ante la firme negativa de los marchistas de permitir su permanencia.
¿Por qué marcha el sector indígena de Pando y Beni?
La columna, que llegó a La Paz tras 28 días de caminata desde el norte amazónico, tiene un objetivo central: la abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras.
Los puntos críticos de la protesta:
- Ley 1720: Los indígenas y campesinos denuncian que esta norma permite la conversión de pequeña propiedad a mediana de forma que podría favorecer la concentración de tierras y amenazar los territorios comunitarios (TCO).
- Riesgo de Desplazamiento: Dirigentes de Pando señalan que la ley podría superponerse a comunidades que llevan años asentadas sin títulos formales, beneficiando a grandes propietarios o «barraqueros».
- Falta de Consenso: La movilización reclama que la ley fue promulgada el pasado 10 de abril en un evento empresarial, sin haber sido socializada ni consensuada con las bases indígenas de la Amazonía.
Situación actual de la marcha
Tras casi un mes de travesía en condiciones climáticas adversas y con un evidente desgaste físico, los marchistas han emitido un ultimátum al Gobierno. Su exigencia es una reunión directa con el presidente Rodrigo Paz para tratar la anulación de la normativa y demandar seguridad jurídica para sus tierras.
Por su parte, el Ejecutivo ha defendido la Ley 1720, sosteniendo que el trámite es voluntario, gratuito y que busca facilitar el acceso a créditos para la mecanización agrícola de los pequeños productores, negando que afecte a las tierras comunales.
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