El Juzgado Anticorrupción Octavo de La Paz determinó este viernes modificar la medida cautelar del exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, concediéndole detención domiciliaria en la ciudad de Oruro tras permanecer recluido en el penal de San Pedro desde noviembre pasado.
Cambio de situación jurídica
En una audiencia de cesación a la detención preventiva realizada este 24 de abril, la autoridad jurisdiccional aceptó la solicitud de la defensa del exdirigente sindical. La decisión se fundamentó en la acreditación de un domicilio legal en el departamento de Oruro, lugar donde Huarachi deberá cumplir la medida restrictiva mientras continúan las investigaciones en su contra.
Condiciones de la libertad condicional
Pese al beneficio de la detención domiciliaria, el juez impuso condiciones estrictas para el procesado. Huarachi deberá presentar tres garantes personales, tiene prohibido salir del país debido al arraigo dispuesto y tiene la obligación de presentarse ante el Ministerio Público todos los lunes para registrar su asistencia y asegurar su permanencia en el proceso.
El caso «Coimas» y acusaciones
Juan Carlos Huarachi es investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión. La fiscalía sostiene que el exdirigente habría recibido pagos irregulares de al menos 40.000 bolivianos vinculados a hechos de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua durante la pasada gestión gubernamental.
Desvinculación de la Central Obrera
Durante la audiencia, se conoció un memorial presentado por el actual secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo. En dicho documento, se aclaró que Huarachi no mantiene ningún vínculo con el ente matriz de los trabajadores ni tiene acceso a sus archivos desde octubre de 2025, desmarcando a la institución de la situación legal del imputado.
Antecedentes del proceso
El exlíder sindical cumplía detención preventiva en la ciudad de La Paz desde el 18 de noviembre de 2025. Tras cinco meses de reclusión, el proceso entra en una nueva etapa donde el Ministerio Público buscará recolectar mayores elementos de prueba para la acusación formal, mientras el imputado aguarda el desarrollo del juicio desde su residencia en Oruro.
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