Mientras la Asamblea Legislativa analiza tres proyectos de ley para penalizar los bloqueos de vías, sindicatos y organizaciones sociales defienden esta forma de protesta, mientras otros sectores respaldan su tipificación como delito por los daños económicos y sociales que genera.

Propuesta en debate legislativo

Actualmente, tres proyectos de ley que buscan sancionar los bloqueos de caminos se encuentran en tratamiento en la Asamblea Legislativa: dos en la Cámara de Diputados y uno en el Senado. Las iniciativas plantean tipificar esta medida de presión como delito, con penas que podrían oscilar entre 10 y 20 años de privación de libertad, especialmente en casos donde exista violencia, organización o instigación.

Los legisladores promotores de estas normas argumentan que los bloqueos generan graves perjuicios a la economía, afectan el comercio, la circulación de bienes y servicios, y dañan la imagen internacional del país, lo que podría desincentivar la inversión y el turismo.

Argumentos a favor de la ley antibloqueos

Quienes respaldan las iniciativas sostienen que la normativa busca proteger a la población civil y evitar que policías y militares sean expuestos a situaciones de alto riesgo durante conflictos sociales. Señalan además que los cierres de vías afectan derechos fundamentales como la libre transitabilidad, el acceso a la salud y el abastecimiento de alimentos.

En ese marco, el pasado miércoles, ciudadanos y miembros del Comité Cívico Pro Departamento de La Paz marcharon por el centro de la sede de Gobierno exigiendo la aprobación de una ley “antibloqueos”.

Rechazo de organizaciones sociales y sindicales

Desde el otro lado, organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) rechazaron de forma contundente los proyectos, calificándolos como un intento de criminalizar la protesta social histórica. Para la COB, estas propuestas desconocen las luchas de los movimientos indígenas, campesinos y obreros, y buscan reprimir mecanismos legítimos de presión frente al incumplimiento de acuerdos por parte del Estado.

En la misma línea, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) advirtió que la ley antibloqueos pretende silenciar a las “grandes mayorías” y restringir formas de movilización profundamente arraigadas en el país.

Comisión integrada y diálogo con sectores

Este jueves, el Senado aprobó que una comisión integrada se haga cargo del tratamiento del proyecto de ley antibloqueos. Esta instancia está conformada por las comisiones de Constitución y Justicia Plural, y se activa en casos considerados de importancia y urgencia.

La senadora Claudia Mallón explicó que la comisión trabajará mediante mesas técnicas de diálogo, a las que se convocará a organizaciones sociales, sectores empresariales, agropecuarios, floricultores y otros actores, con el objetivo de debatir el alcance y las implicaciones de la normativa.