La justicia boliviana mantiene vigentes tres órdenes de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, emitidas entre 2024 y 2025 por un proceso en Tarija por presunta trata agravada de una menor, sin que hasta la fecha hayan sido ejecutadas por la Policía, situación que ha generado cuestionamientos de juristas y autoridades.

Órdenes pendientes y resguardo en el trópico

La primera orden fue emitida en octubre de 2024, luego de que Morales no se presentara a declarar y fuera declarado “rebelde”. En enero de 2025 se emitió una segunda disposición y, posteriormente, el juez Nelson Rocabado dictó una tercera orden. Desde octubre de 2024, el exmandatario permanece en el trópico de Cochabamba, donde cuenta con resguardo sindical que controla los accesos y alerta sobre posibles operativos.

Aparición pública y debate

El jueves 19 de febrero, Morales reapareció en un acto político en Chimoré para presentar candidatos a las elecciones subnacionales, sin que se ejecutara la orden de aprehensión. Juristas como Benjamín Guzmán y el exfiscal Fernando Aragón cuestionaron la inacción y señalaron que la situación refleja una presunta aplicación “selectiva” de la justicia.

Posturas oficiales

Desde la Policía, el subcomandante general Juan Román Peña afirmó que se aguarda el “momento oportuno” y condiciones adecuadas para ejecutar la orden. En el Ejecutivo, la viceministra Jessica Echeverría pidió su cumplimiento inmediato, mientras que el viceministro Wilson Santamaría señaló que se respetan las competencias de las instancias correspondientes.

Antecedentes del caso

El proceso en Tarija se remonta a hechos ocurridos en 2015, cuando Morales es investigado por una presunta relación con una menor de 15 años. El exmandatario sostuvo públicamente que “sin víctima no hay delito”, mientras que juristas recordaron que este tipo de delitos pueden ser investigados de oficio por el Ministerio Público.