El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos dispuso la suspensión temporal del proyecto exploratorio Domo Oso X-3, impulsado en el Bloque San Telmo Norte, tras una demanda presentada por la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de proteger el ecosistema de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en la provincia O’Connor del departamento de Tarija, medida asumida este mes de enero.

Medida cautelar para proteger el ecosistema

El Juzgado Agroambiental determinó paralizar por 30 días calendario las actividades de perforación exploratoria del proyecto Domo Oso X-3, como parte de una medida cautelar orientada a la protección preventiva de los derechos de la naturaleza en el área de influencia de la Reserva Tariquía.

Plazo para informes y alegatos técnicos

Durante el periodo de suspensión, las instituciones demandadas deberán presentar informes técnicos y alegatos ante la autoridad jurisdiccional competente. Esta documentación permitirá evaluar los posibles riesgos ambientales que podría generar el proyecto hidrocarburífero.

PETROBRAS se incorpora al proceso judicial

La resolución judicial también ordena la incorporación formal de la empresa PETROBRAS S.A. como sujeto procesal necesario, junto a los ministerios del sector, con el fin de que todos los actores involucrados participen en la evaluación integral del conflicto socioambiental.

Inspección técnica y audiencia pública

El juez Clever Marcelo Osorio fijó una inspección técnica en el Cantón Chiquiaca para el 9 de febrero de 2026, donde peritos y partes verificarán las condiciones reales del emplazamiento petrolero. Posteriormente, el 13 de febrero, se realizará una audiencia pública en la Casa de Justicia de Entre Ríos, abierta a terceros interesados y amigos de la corte.

Seguimiento institucional y defensa ambiental

El Ministerio de Hidrocarburos y YPFB tienen diez días hábiles para remitir la documentación requerida por el juzgado. Además, se solicitó identificar a defensores de derechos humanos ambientales para analizar posibles medidas de protección, mientras el proceso continúa bajo la vigilancia de organizaciones sociales que exigen transparencia en el manejo de los recursos naturales.