El Gobierno nacional ratificó que no dará marcha atrás al Decreto Supremo 5503, norma que elimina la subvención a los hidrocarburos, y defendió que la medida permitió una reducción del 30 % en la importación de combustible que antes se desviaba hacia el contrabando, afirmó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
Gobierno defiende permanencia del decreto
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sostuvo que el Decreto Supremo 5503 es una medida necesaria e irreversible para ordenar la economía y frenó prácticas de contrabando de carburantes que distorsionaban el mercado interno. Según el reporte oficial, en los primeros días de vigencia de la normativa la importación de combustibles cayó en alrededor de 30 %, lo que, a juicio de las autoridades, indica que buena parte del carburante que antes ingresaba al país salía de forma irregular hacia naciones vecinas.
Ahorros y resultados económicos
Además, el Gobierno afirmó que la eliminación de la subvención ya permitió un ahorro inmediato estimado en 40 millones de dólares en cuatro días, recursos que, según las autoridades, podrán destinarse a programas sociales, apoyo a la producción y reactivación del aparato productivo nacional. El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, destacó que el combustible ahora está llegando con mayor regularidad a los sectores productivos sin la competencia de contrabandistas en zonas fronterizas.
Declaraciones del Ejecutivo
Espinoza recalcó que abrogar el decreto “sería retroceder en algo que muchos sectores han estado pidiendo durante años”, subrayando que la decisión de mantener la política forma parte de un esfuerzo por sincerar la economía y frenar prácticas irregulares que afectaban al país desde hace tiempo.
Contexto de protestas y rechazo social
La ratificación del decreto ocurre en un momento de creciente tensión social: diversos sectores, incluidos choferes, cooperativas de transporte y organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB), mantienen protestas y movilizaciones exigiendo la abrogación de la norma, argumentando que los aumentos en los precios de los combustibles impactan negativamente en los costos de vida y en la actividad productiva.
Diálogo y escenarios futuros
Pese al rechazo de algunos sectores, el Gobierno ha buscado instalar espacios de diálogo técnico con representantes del transporte y otros actores sociales para socializar los alcances del decreto y explorar medidas complementarias que mitiguen sus efectos. Las conversaciones se desarrollan en medio de un clima de protestas y demandas ciudadano que buscan respuestas claras sobre la aplicación y consecuencias de la normativa económica vigente.
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